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La Ley de Trata beneficia a los proxenetas

ANRED

“La Ley de Trata beneficia a los proxenetas y no protege a las víctimas”

En Argentina, la Ley de Trata de Personas fue sancionada y resta esperar la promulgación por parte del Ejecutivo. Sin embargo, organizaciones como Red No a la Trata y mujeres agrupadas en la Campaña ” Ni una Mujer más Víctima de las Redes de Prostitución” marcaron serias observaciones y oposiciones a la nueva ley sancionada, por no cumplir con el objetivo declarado de perseguir efectivamente a los tratantes y proteger los derechos humanos de las víctimas. Estas organizaciones piden el veto total y/o parcial de la ley y una audiencia con la presidenta Cristina Fernández, pero no han recibido aún respuestas satisfactorias.

http://www.anred.org/article.php3?id_article=2558

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Trata

LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES Y

LOS PROYECTOS DE LEY DE TRATA EN ARGENTINA
 Distintos enfoques: Protección de los Derechos Humanos o de la Seguridad del Estado, en las convenciones internacionales y los proyectos de ley de trata en Argentina. (*)
 Marta Fontenla 

 El problema en la sanción de leyes para tipificar este tipo de delitos, a mi juicio,  consiste en la falta de acuerdo para definir qué es la trata y el tráfico de personas y si las víctimas pueden prestar consentimiento para ser explotadas.

 Las convenciones internacionales relacionadas con la trata de personas se inscriben en dos proyectos políticos e ideológicos diferentes y son interpretadas de distinta  manera según los intereses de los estados y las opiniones, muy divididas como las denomina la relatora de Naciones Unidas, Sigma Huda en cuanto a la aceptabilidad o no de la legalidad de la mal llamada “industria del sexo”.

 Si bien hay otros fines perseguidos -además de la explotación de la prostitución ajena- sobre los cuales  debe legislarse, como por Ej. la mendicidad o el tráfico de órganos o de personas para extraer órganos, tráfico de niños/as para adopción,  o el trabajo esclavo entre otros,  éstos son alrededor del 10%  de todos los casos.

 Uno de estos enfoques parte de la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas y de los tratados definidos por la O.N.U. dentro del corpus de las Convenciones de derechos humanos.

 Ninguno de estas  convenciones internacionales vigentes, que se refieren, ya desde principios del siglo pasado, a las diferentes formas de trata, exigen que exista violencia, coacción, abuso de una situación de vulnerabilidad, etc.,  para  definir el delito de trata de personas.

 En ellas están incluídas:
 – La Convención sobre la Esclavitud de 1926,  que dice en el art. 1: 1) esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el que se ejercitan los atributos del derecho e propiedad o alguno de ellos. 2)  La trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en general  todo acto de comercio o de transporte de esclavos.

 – La “Convención Complementaria  sobre abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas” de 1956, mantiene esta definición y agrega la servidumbre por deudas (prestar servicios personales como garantía de una deuda), la servidumbre de la gleba  (trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y prestarle a la misma determinados servicios son posibilidad de cambiar su condición)  o matrimonios serviles de mujeres (dar o prometer a una mujer en matrimonio a cambio de dinero o especie, o cederla a titulo oneroso o que la mujer sea transmitida por herencia)

 –  La Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, en su Art. 1ro, establece: la partes se comprometen a castigar a toda persona que para satisfacer deseos propios o ajenos 1) concertare la prostitución de otra persona, 2) explotare la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de tal persona 3) sostuviere  una casa de prostitución (art. 2). Es además punible la participación criminal y  no se pueden establecer ningún tipo de registro de las personas afectadas.

 – La “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, (Naciones Unidas, 1979), En su Art. 6º. establece que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.

 – La “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”,  de 1969   en su Art. 6º inc. 10,  prohíbe la trata de mujeres.

 – La “Convención sobre los Derechos del Niño” del 20 de noviembre e 1989, en el art. 34, inc. B) prohíbe la explotación de los niños en la prostitución  u otras prácticas ilegales

 – El “Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (19-12-1966) establece que los estados deben garantizar a todas las personas un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido, vivienda, educación y una mejora continua en sus condiciones de vida.

 – La Convención contra la Tortura, que en el art. 1, establece que a los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente  a una persona dolores o sufrimientos  graves, ya sean físicos  o mentales, con el fin de obtener de ella  o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otra , o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia

 Todos estos tratados han sido ratificados por el país y algunos incorporados incorporados a la Constitución Nacional en 1994. El art. 15 de ésta última, prohíbe la venta de personas.

 Por tanto,  la definición de trata debe contemplar las acciones de  reclutar, alojar, trasladar, secuestrar, hacer desaparecer, recibir, acoger,  la promoción o facilitación  de cualquiera de esas acciones tanto sea dentro del país como el ingreso o salida del mismo,  a una o más personas con fines de explotación, cualquiera sea la edad de las víctimas y aunque las víctimas  mayores de 18 años hayan dado su consentimiento,
 La trata  puede ser  con fines de  prostitución,  trabajos forzados o serviles,  esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud,  servidumbre,  explotación de  la mendicidad ajena,  matrimonio servil,  extracción de órganos,  producción y  distribución de pornografía infantil y adulta,  turismo sexual,   procreación obligada para la venta de niñas/os, extracción obligada de óvulos, venta de niñas/os  o cualquier otra forma de explotación

 El otro enfoque que señalé, parte de la seguridad de los Estados y el la persecución del crimen transnacional tan desarrollado en esta etapa.

 Pienso que el punto de vista de los derechos humanos es el correcto para analizar esta problemática y que los bienes jurídicos a proteger son la vida y la integridad física, incluida la integridad sexual y psíquica, la dignidad, la libertad  y todos los demás derechos humanos de las personas víctimas.

 Si tenemos en cuenta que más del 90 % de todos los casos de trata tiene como fin la explotación de la prostitución ajena  la Convención de 1949, es el soporte más importante para dar una definición del delito.

 Tiene además el mérito de distinguir entre los tratantes, proxenetas y demás personas que lucran con la prostitución ajena y las víctimas y establecer que sólo hay que perseguir a los primeros. Este tratado esta vigente en el país. y es recomendada su ratificación a aquellos países que aún no lo hayan hecho por los grupos de trabajo sobre esclavitud de O.N.U. (recomendación año 2005)

 Para las convenciones de derechos humanos, partiendo del principio básico que nadie puede consentir su propia explotación, el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento y éste no puede ser usado para exculpar al delincuente. Por tanto no hace falta que éste haya empleado medios como violencia, coacción,  abuso de una situación de vulnerabilidad cuando la víctima es mayor de edad, ya que estos elementos no integran la definición del tipo penal. Basta que los proxenetas y demás tratantes y traficantes  realicen alguna de las acciones que se tipifican teniendo por fin la explotación para que puedan ser incriminados. También tipifica el proxenetismo como lucrar con la prostitución ajena.

 No hacen falta interpretaciones ni que la víctima o el estado prueben que hubo un vicio del consentimiento. Son tratados muy claros en lo que definen y por tanto eficaces, siempre y cuando haya interés político de aplicarlos.

 Este tratado  se inscribe en el sistema abolicionista que ha sido la tradición jurídica de nuestro país desde principios del siglo pasado, después de haber  sido conocido  como “el camino de Buenos Aires” por el intenso tráfico de mujeres de Europa  a Argentina, para estar prostituídas
 Los delitos según sea el bien jurídico protegido, tienen su encuadre dentro de la legislación penal. Si el fin del traficante es explotar la prostitución ajena, el bien jurídico protegido es la integridad sexual de las víctimas, que puede ir en concurso con otros delitos, como por ej. secuestro, desaparición forzada de personas con fines de prostitución u otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía, privación de libertad etc. Si el fin es el tráfico de personas para la venta de órganos el bien jurídico protegido es la integridad física, la libertad  y así hay que analizar cada una de las acciones y los fines y concursos de delitos.

 Para la otra corriente que mencioné los principales instrumentos jurídicos internacionales son la Convención contra el Crimen Transnacional organizado y los protocolos que de ella derivan:  el  Protocolo contra la  Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas  conocido como protocolo de de Palermo y el Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes.

 Estos tratados están ubicados  en el ítem  “Cuestiones penales diversas” junto con otros como por ej.  contra la represión del financiamiento del terrorismo, el protocolo contra tráfico ilícito de armas de fuego, convención contra la represión de actos de terrorismo.

 Este tratado contra el Crimen Transnacional organizado y los protocolos señalados tienen su preocupación en la seguridad del estado, la protección de las fronteras, la represión de la trata y de la inmigración considerada ilegal y la consiguiente represión de estos delitos.
 También se refieren a las víctimas pero la propuesta falla dado que parte de la definición de que las víctimas mayores de 18 años, pueden consentir su propia explotación y por tanto ellas o el estado deben probar la falta de consentimiento. El delito se configura solo con víctimas inocentes, cuando ha habido un vicio de su consentimiento, que son los que define como medios: engaño, violencia, abuso de una situación de vulnerabilidad etc. De otra manera no hay delito. Si la víctima o el estado no pueden probar que se emplearon los medios, el tratante es inocente.

 Además para los mismos el crimen tiene que ser transnacional y existir grupo delictivo organizado que define como el constituido tres o más personas. Esto último, es decir la asociación ilícita como indica la experiencia judicial es uno de los delitos más difíciles de probar.

 Es riesgoso poner el eje en la seguridad de los estados con las experiencias concretas tanto en relación al origen de la teoría de la seguridad como a las políticas de los países centrales,  teniendo en cuenta que el Departamento de Estado ha definido la trata como un problema para la seguridad de los Estados Unidos.

 En el marco de las concepciones de la seguridad de los estados se han producido presiones de un estado a otro para la sanción de una ley de trata y la aplicación de estas últimas convenciones, que ha obstaculizado el mismo proceso de debate y elaboración de la ley.

 Es el caso del relato de la embajadora de Dominicana, Luisa Viscoso, en el  Seminario de capacitación sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes realizado en  Caracas, 27 y 28 de enero de 2005  al hablar del Marco Jurídico de la República Dominicana en relación a la sanción de la ley de trata  que dijo:

 “Finalmente, todo ese proceso legislativo ha conducido a esta Ley (137-03) sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Debo confesarles cándidamente que esta Ley se trabajó de manera muy dramática, porque de acuerdo al Departamento de Estado nos clasificaron en la Categoría 3, es decir de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el tráfico y la Trata de personas.
 Bueno, ustedes dirán ¿y a quién le importa que los Estados Unidos clasifiquen a 1, 2 ó 3? ¿Por qué quién los clasifica a ellos? Pregunta lógica de una latinoamericana. Pero resulta que la clasificación está unida al asunto de la ayuda humanitaria a nuestros países, entonces no se puede permitir que nos cancelen la ayuda humanitaria que generalmente va a la población ya de hecho más golpeada y más pobre por un problema de tráfico y trata”.
 También  Venezuela envió a Naciones Unidas el COMUNICADO OFICIAL DE LA MISIÓN VENEZOLANA , el 14 de setiembre de 2004 que dice: “ La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, cumple en manifestar que, según publicaciones periodísticas no desmentidas, el viernes 10 de Septiembre de 2004, el Presidente de Estados Unidos de América, George Bush, informó sobre la determinación de actuar ante las instituciones financieras internacionales de las cuales es partícipe dicho Estado, para oponerse a la concesión de créditos a Venezuela. La razón esgrimida para justificar esta decisión consiste en una supuesta negligencia del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en actuar debidamente contra el tráfico ilegal de personas por la acción de la delincuencia organizada transnacional.

 Al respecto cabe destacar que la República Bolivariana de Venezuela no sólo contempla en su legislación interna el referido tráfico como ilícito, sino que también es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como del Protocolo para Prevenir  y sancionar  la Trata de Personas, instrumentos que entraron en vigor el 25 de Diciembre de 2003. Por el contrario, los Estados Unidos de América, no son parte de los mencionados convenios internacionales, pues no los ha ratificado”.

 En este sentido también es importante señalar las palabras del Sr. Gabriel Sánchez Zinni, representante del Departamento de Salud y servicios sociales de EEUU, en la conferencia de Venezuela que mencioné antes y que dice: “La  ley dictada  en EEUU se basa, o tiene como tres pilares, tres componentes fundamentales: La prevención, el tráfico fuera de los Estados Unidos; y con esto le da un mandato sobre todo al Departamento de Estado …., y otro componente es la protección de las víctimas en Estados Unidos, y esta Ley le da un mandato al Departamento de Seguridad, … que empezó a funcionar después de los ataques de Septiembre 11”.
 Estos son una síntesis de las corrientes que señalo en relación a la situación actual de los tratados internacionales y las posiciones de los estados.
 Ahora bien: ¿cómo se vinculan estos  tratados  y los proyectos de ley de trata en Argentina, especialmente la ley con media sanción del Senado.
 Esta última toma la definición del Protocolo de Palermo e incluye los vicios del consentimiento de las víctimas en la definición, cuando las mismas son mayores de 18 años. Por tanto va a resultar ineficaz para perseguir el delito y proteger a las víctimas al adolecer de las fallas que señale en relación a la definición del Protocolo de Palermo.
 Es el problema que tenemos actualmente, luego de la inconstitucional reforma de 1999 del Código Penal que modificó la definición del delito de trata con fines de prostitución. Antes no estaban incluidos los medios que esta reforma incorporó  (engaño, abuso, etc.) y  cuya consecuencia fue la libertad de los delincuentes y la dificultad para poder encarar políticas efectivas de lucha  Esta reforma fue inconstitucional, puesto que se apartó del Tratado de 1949 sobre trata de personas y explotación de la  prostitución ajena y del sistema abolicionista.

 Los medios que usa el delincuente abuso, engaño, violencia etc. así como la minoría de edad de la  víctima, deben ser agravantes de delito, no constitutivos de la figura penal, como los son en ese proyecto y en el Protocolo de Palermo.

 Este  proyecto del Senado incorporan la trata interna, o sea que no es necesario que el crimen sea transnacional  ni tampoco que haya asociación ilícita. Se ocupan de las víctimas, pero desde esa  perspectiva analizada.

 En diputados está siendo debatido y esperamos que se introduzcan las reformas necesarias a fin de cumplir  con los fines vinculados a los derechos humanos e incorporar plenamente esta perspectiva.

 A pesar de las críticas que me merece el Protocolo de Palermo, existen sin embargo otros aspectos  que considero importantes y son aquellos referidos a la  protección de las víctimas. A este respecto resulta particularmente relevante  el Art.  9.  que se refiere a la demanda, sobre la que hay que actuar para  desalentarla ya que la misma propicia las forma de explotación conducentes a la trata, especialmente de mujeres y niñas/os.

 En este sentido cabe destacar las reflexiones de Sigma Huda que sostiene que “el consumo de servicios sexuales es un acto especialmente marcado por el género: es algo que hacen los hombres como hombres. Se trata de una actividad en la que el participante desempeña un papel social que conlleva ciertos modos típicamente masculinos de comportarse, pensar, saber y detentar poder social.
 Por definición, la prostitución aúna en una sola interacción dos formas de poder social (el sexo y el dinero): en ambas esferas (la sexualidad y la economía) el hombre ostenta sobre la mujer un gran poder de forma sistemática

 En la prostitución, estas diferencias de poder se  funden  en un acto que asigna y reafirma a la vez la función social dominante del hombre subordinando socialmente a la mujer.

 La demanda de sexo comercial suele además basarse en diferencias de poder social relacionadas con la raza, la nacionalidad, la casta y el color de la piel.
 Algunos usuarios de la prostitución buscan expresamente mujeres y niños de distintas nacionalidades, razas o grupos étnicos con el fin de explotar estas diferencias de poder, y contribuyen así a una forma de racismo enormemente sexualizada.

  Como cuestión normativa, es evidente que la responsabilidad de la existencia del mercado de la trata con fines sexuales recae sobre los usuarios, los traficantes, y las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, institucionales y culturales que propician la opresión de mujeres y niños en todo el mundo. Atribuir a las propias víctimas la responsabilidad de ser quienes impulsan el mercado sería una injusticia muy grave; tal afirmación equivale a culpar a las víctimas y constituye una nueva violación de sus derechos humanos”.

 También  quiero señalar que los tratados internacionales  deben interpretarse de manera armónica, teniendo en cuenta los derechos humanos de las víctimas y la tradición jurídica abolicionista de nuestro país  y que la Convención contra el Crimen Transnacional organizado y el protocolo de Palermo y el de Migrantes deben complementar los demás tratados  y las definiciones conceptuales que surgen de aquellos.

  Las definiciones de trata y tráfico que surgen  del Protocolo de Palermo y del Protocolo sobre Migrantes,  como la utilizada en los proyectos presentados en el Congreso,  llevan a la distinción entre esclavitud libre y forzada, prostitución libre y forzada, infantil y adulta y de esta manera se vulnera un principio básico de derechos humanos: que nadie puede consentir su propia explotación.

 Al hacer esta distinción,  esta definición  devienen en una posición reglamentarista de la prostitución, que tiene un costado prohibicionista, es decir, represión de la prostitución en las calles o confinamiento en las llamadas “zonas rojas”  por un lado y  encierro de las mujeres y niñas traficas en prostíbulos, además de legitimar a los “clientes” o usuarios de prostitución como pasa por ej. en Holanda y es una violación a los derechos consagrados en las convenciones que mencioné en primer término.

 * Exposición en la Jornada de Trata y Tráfico de Personas. 26 de marzo 2007

 

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Feministas critican proyecto sobre trata de personas

Fuente. Crítica digital
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=1993

 Revictimiza a los explotados

 

 Dirigentes de diferentes extracciones políticas y sociales criticaron el proyecto de ley que aprobó la Cámara baja. Exigen reabrir el debate.

La Cámara de Diputados aprobó en general, en la noche del miércoles, el proyecto de ley que penaliza la trata de personas para fines de explotación tanto sexual, laboral, extracción de órganos o de sumisión a la servidumbre.
La norma fue aprobada en general por 157 votos positivos, 35 sufragios negativos y seis abstenciones, mientras los legisladores continuaban durante la noche analizando la ley en particular.
La iniciativa define el delito como “la captación, transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- la acogida o recepción de personas con fines de explotación”, y establece penas que van de tres a quince años de prisión.
La diputada kirchnerista Vilma Ibarra, impulsora del proyecto, justificó que la iniciativa establezca una salvedad en el caso del consentimiento de las personas mayores de edad, al referir que “existe la posibilidad para una adulta de consentir la prostitución”, punto que fue central en la controversia de la ley.
Claudio Lozano de Proyecto Sur, impulsó en el recinto la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), manifestó dudas sobre el tema del consentimiento, postuló incorporar “el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes” y por ello pidió el regreso del proyecto a comisión.
Por su parte, los opositores Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica-Capital), Silvia Storni (UCR-Córdoba) y Rubén Lanceta (UCR-Buenos Aires) denunciaron ante la Cámara un supuesto contubernio entre la Policía Federal y algunas redes de prostitución.
Gil Lozano planteó, además, la necesidad de aprobar por ley la creación de un “comité de protección para las víctimas” en el marco de la ley. La diputada señaló también que “pensar que el tema de trata de personas sólo tiene que ver con la prostitución es un error”, detalló que se vincula con otro tipos de explotación como la laboral y remarcó que “la industria textil tiene grandes firmas en la República Argentina” con “trabajadores esclavos tirados en los talleres”.
El reclamo de las feministas ante el debate de la ley, fue realizado a través de una “carta abierta” a los legisladores nacionales, firmada por Martha Pelloni, Marta Bianchi, Dora Barrancos, Virginia Franganillo, Elena Tchalidy, Clelia Iscaro, María Inés Barasesco, Marcela Durrieu, Diana Dowek, Graciela Tejero Coni y Ana Suppa, entre otras.
“Las mujeres firmantes, políticas, feministas, militantes del movimiento social de mujeres y de las organizaciones que reúnen a las víctimas, estamos solicitando sea revisado el proyecto para que cumpla con las intenciones que le dieron origen”, estableció la carta.
“Existen otros proyectos que resuelven más eficazmente la penosa situación de las mujeres explotadas por los proxenetas ‘protectores del negocio’ a las que se obligaría, de sancionarse el dictamen en tratamiento, a demostrar que no hubo consentimiento y sí aprovechamiento de su vulnerabilidad”, continuó la misiva.
“En franca contradicción con la política de derechos humanos que viene llevando adelante la Argentina, se revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba”, prosiguió la misiva.
“Pedimos se reabra el debate a fin de que además de la ley, Argentina cumpla con una política real, visible y de probada eficacia en relación a la persecución de tan infame delito”, concluyó. La carta también contó con la firma de Cecilia Lipsczick, Piera Oria, Carola Caride, Susana Pastor, Cristina Zurutuza, Susana Gamba, Dolores Fenoi, Susana Checca, Susana Fioretti, Gladys Roldan, Norma Cabrera, Laura García Tuñón, Alejandra Angriman, Mónica Capano, Ester Kandel, Elisa Rueda, Alicia Ruso, Viviana Caminos, Gloria Shuster, Carla Fulgensi, entre otras.
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SINTESIS DE LA SOLICITUD DE VETO LEY TRATA

RED NO A LA TRATA   

      

El día 9 de abril de 2008 fue aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación la Ley de Trata que tenía media sanción del Senado. Desde la época en que se estaba discutiendo en esta Cámara, numerosas organizaciones sociales y especialmente aquellas involucradas directamente y las dedicadas a la problemática específica a que se refiere la ley,  hemos planteando nuestra oposición y formulado nuestras diferencias y propuestas, que fueron expresadas asimismo por varias/os diputadas/os que han presentado proyectos alternativos, como el despacho de minoría y varias disidencias parciales, que parten de contemplar los derechos humanos de las víctimas.

Esta ley viola estos últimos ya que de la misma se desprende que existen dos formas de trata:

1) Una trata legal o legítima , que tiene lugar  cuando se refiere a personas mayores de 18 años, respecto a las cuales no se probare  que hubo un vicio del consentimiento,  ya  que las definiciones que se emplean sostienen que el delito se tipifica en estos casos sólo  si  estos vicios existen.  O,  como dice esta ley, si el delincuente  actuó mediante “engaño, fraude, violencia,  amenaza o cualquier medio  de intimidación  o coerción, abuso de autoridad  o de una situación  de vulnerabilidad , concesión o recepción  de pagos o beneficios  para obtener el consentimiento  de una persona que tenga autoridad sobre otra”.

Si esto no se puede probar, por más que se demuestre que el delincuente  ha realizado las acciones que define el tipo penal  y  cumplido sus fines (lucrar con la explotación de personas)  resulta inocente.

2) Una trata ilegal: dado que solamente se puede penalizar a los delincuentes en los casos de menores de 18 años o, tratándose de mayores de esta edad,  si el   Estado o la víctima  pueden probar que su consentimiento fue viciado por alguno de los medios que la ley establece.

A nuestro juicio, una ley que persiga efectivamente la trata y respete los derechos humanos de las víctimas, sólo debe exigir la prueba de que los tratantes realizaron la/s acciones que la ley define con el/los fines que la misma establece, y, en ningún caso, proceder a investigar a las víctimas para definir si consintieron o no su propia explotación, en lo que constituye una revictimizació n de las mismas, además de las serias dificultades que ofrece dicha prueba precisamente por las condiciones en que se realiza la trata.

Por estas razones, solicitamos 1) el veto de esta ley y la elaboración de una nueva ley de trata  o, 2)  en su defecto el veto parcial de los artículos 2 y 10, en relación  al siguiente párrafo, que se repite en ambos:  “cuando mediare engaño, fraude, violencia,  amenaza o cualquier medio  de intimidación  o coerción, abuso de autoridad  o de una situación  de vulnerabilidad , concesión o recepción  de pagos o beneficios  para obtener el consentimiento  de una persona que tenga autoridad sobre otra”.

Estamos convencidas/ os que un veto de estas características contribuiría a una más eficaz persecución de este aberrante delito y a una más adecuada protección de los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta un principio fundamental de derechos humanos: nadie puede consentir su propia explotación

Adhesiones a

rednoalatrata@gruposyahoo.com.ar

Los proxenetas tranquilos, el tío Sam satisfecho

Tomado de Indymedia Géneros (( i ))

Link: http://argentina.indymedia.org/news/2008/04/595528.php

29/04/2008 @ 02:52

Publicado el Saturday, Apr. 19, 2008 at 1:24 PM
Difundido por RIMA – Red Informativa de Mujeres de Argentina 

Por Colectivo de Géneros de Indymedia Argentina

El miércoles 9 de abril, el Congreso aprobó la Ley de Trata y Tráfico de Personas. La polémica ley fue impulsada por el poder ejecutivo, luego que Estados Unidos (el gendarme del mundo) considerara a la Argentina como “país en observación”, por no contar con una ley federal que reprima esta practica delictiva. El proyecto fue impulsado por el actual Ministro de Justicia Aníbal Fernández y defendida en el Senado y en el Congreso por la legisladora oficialista Vilma Ibarra<.

El proyecto, ahora ley, fue fuertemente resistido por organizaciones feministas y sociales que luchan contra este flagelo, por considerar que no sirve para perseguir a proxenetas y tratantes, y mucho menos para garantizar los derechos humanos de las víctimas. Esto se debe a que la ley hace una diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años, debiendo las primeras probar que fueron engañadas, violentadas, torturadas y/o abusadas. En este punto, la ley y sus impulsores caen en dos falacias: la primera, es suponer que puede existir alguna persona capaz de consentir su propia esclavitud; la segunda, en el caso de la prostitución, es creer que en un país empobrecido (con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza), una mujer puede elegir libremente entre prostituirse o buscar otra forma de sustentar sus necesidades básicas.
Sin embargo la ley llega más lejos, al modificar el art. 145 del Código Penal, establece una sanción para quien “captare, trasportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas”. Curiosamente, esta ley se “olvida” de aquellos que se benefician o quienes organizan esta situación. En otras palabras, la ley protege a los organizadores de la trata de personas, sancionando solo a los que hacen el trabajo sucio. Por ejemplo, pueden ser sancionados los empleados de los burdeles pero no los dueños del negocio (ni los políticos que los apoyan, ni la policía que se beneficia). Además, la norma sanciona con una pena de 3 a 6 años a quienes realizan trata de personas mayores, cuando, de no existir la ley se aplicaría el art. 142 bis del Código Penal que dice que “Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años”. En otras palabras, la ley de trata reduce la pena que se aplicaba hasta ahora para los mismos hechos.
Muchas de las mujeres en situación de prostitución comenzaron siendo menores de edad y, por lo general, de forma gradual. Incluso muchas veces inducidas por la familia. Por lo general, los primeros proxenetas son novios o parientes y también sucede que son personas cercanas quienes las entregan a los tratantes. Si una chica de 16 años es entregada por un familiar a una red de prostitución y es rescatada recién a los 19 años cuando intentaban llevarla a España, esa joven es mayor de edad al momento de comprobarse el delito. Entonces la ley, ¿cómo consideraría esos 3 años previos de explotación?
De hecho, es esta realidad de pobreza la que arrastra a miles de personas a manos de tratantes. Muchas/os acuden al llamado de trabajos que prometen un mejor futuro, y luego son introducidas en redes mafiosas de explotación sexual o esclavizadas/os en talleres clandestinos de costura, por ejemplo. Además, esta demostrado que el accionar de estas redes mafiosas no sólo no se limita a la explotación, sino que cuenta con la suficiente impunidad y capacidad operativa como para además de secuestrar, engañar y torturar, dañar a las familias de sus victimas.
Esta es una razón más para argumentar que en el caso de existir un “supuesto” consentimiento, éste tiene una alta posibilidad de estar viciado. Pero tampoco estos argumentos fueron escuchados por los/as “representantes del pueblo”, más preocupados por cumplir (con las necesidades del poder ejecutivo y con las normas internacionales), que en solucionar el problema de fondo. Un fondo en el que se debate la libertad y hasta la vida de muchísimas mujeres y niñas secuestradas en burdeles, de inmigrantes con ilusiones y sin papeles, mano de obra barata para la floreciente industria textil, entre otros/as.
“Los traficantes de personas, dueños y capataces de las redes de prostitución, amos y señores en talleres clandestinos de costura o calzado, de quintas u obras de construcción que prostituyen y esclavizan a más de medio millón de migrantes en todo el país, pueden dormir en paz. Ya tienen una ley que los ampara, aunque aparente combatirlos. La ley votada por el Congreso Nacional concebida para reprimir la trata de personas es una manifestación más del «como si» al que ya nos tienen acostumbrados.”, expresa Gustavo Vera integrante de la Cooperativa La Alameda. En el caso de que se compruebe que una persona mayor fue engañada y violentada para luego ser esclavizada, las penas son ínfimas, apenas 3 años de prisión, lo que hace que sean excarcelables.
Para las organizaciones integrantes de la Campaña “Ni una mujer más victima de la redes de prostitución”, la ley establece que existe una “trata legítima: aquella en que estas circunstancias no puedan ser probadas, lo que convertirá a los tratantes en inocentes empresarios de la trata de personas, en esclavistas legales, aunque se demuestre que el fin que persiguen es la explotación de la prostitución ajena, del trabajo esclavo o los demás previstos por la ley.
Informes recientes producidos por Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo, consignan que 4.000.000 de mujeres y niños en el mundo son victimas del “negocio” de trata. América Latina y el Caribe aportan 1millón 300 personas. En Argentina, una mujer puede ser vendida por 5.000 pesos o 150 pesos y aportan una ganancia anual de 15 mil dólares. Queda claro que esta pantomima de ley contra la trata -que llega 59 años tarde porque la Argentina firmó en el año 1949 el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena-, es sólo un intento de cumplir con los requisitos de corrección política de la Casa Blanca y no el firme deseo de terminar con esta catástrofe humanitaria considerada la esclavitud del siglo XXI.

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