Clarín

EDITORIAL

Opinión

A metros de la General Paz
Por: Alejandra Waigandt (ARTEMISA)
Fecha publicación: 04/06/2008

La provincia de Buenos Aires es zona caliente para la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. No hay cifras, pero de acuerdo a estudios exploratorios las mujeres son captadas en otras provincias y llevadas a prostíbulos bonaerenses, o reclutadas en Buenos Aires para enviarlas a España y otros destinos. Ya empezaron a actuar legisladoras provinciales y el gobierno bonaerense, con el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones.

La diputada provincial del Frente para la Victoria, Valeria Amendolara, impulsa un proyecto de ley que propone crear una comisión bicameral sobre la trata de personas. La legisladora y quienes apoyan la iniciativa proyectan establecer un marco institucional para las acciones que están realizando en forma conjunta con organizaciones sociales a fin de prevenir y erradicar este crimen.

Con motivo de esa alianza el mes pasado se logró que se hiciera una investigación judicial para conocer el paradero de chicas que serían explotadas sexualmente y que estuvieron esclavizadas en una whiskeria de la ciudad de La Plata. Las víctimas enviaron un mensaje de texto a integrantes de AMMAR La Plata (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) pidiendo ayuda para escapar. La organización decidió recurrir a la Legislatura provincial y desde ese ámbito se convocó a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Fiscalía. Al final recibieron un nuevo mensaje en el que se aseguraba que las chicas fueron liberadas por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI La Plata). Sin embargo, ese mismo día se comprobó que las víctimas no utilizaron la línea de emergencia 911 y tampoco fueron asistidas por una comisaría de la mujer o alguna guardia médica. Las chicas no fueron halladas y sin embargo el caso se investiga bajo el supuesto de que fueron descubiertas y obligadas a mandar el último mensaje de texto.

Frente a ese tipo de intervención interinstitucional –y al crecimiento del número de víctimas esclavizadas en la provincia–, la propuesta de Amendolara obtuvo una buena recepción en el sector de las organizaciones y también en los bloques de diputados y diputadas del oficialismo y la oposición. El proyecto ingresó a la Legislatura bonaerense en abril y el mes pasado obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades. Faltan las resoluciones de otras dos comisiones y luego podrá ser tratado en el recinto legislativo.

Sin estadísticas representativas

La diputada Amendolara, al fundamentar la iniciativa, aseguró que Argentina se convirtió en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en base a un informe de 2007 de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Asimismo, dijo que la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación, ese mismo año, intervino en 85 casos de trata, unos 43 hechos nuevos en relación con 2006. Sin embargo, estos datos no alcanzan a reflejar la situación de la trata y tráfico en Buenos Aires, por eso una de las primeras tareas que debe realizar la comisión bicameral es ‘un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación de la trata de personas en la provincia’.

La abogada Susana Cisneros, que colabora en el equipo técnico de la diputada provincial, explicó que crearán una mesa de trabajo para recopilar y sistematizar datos. Convocarán a los poderes Ejecutivo y Judicial, y también a organizaciones como AMMAR La Plata, Red No a la Trata, y Red provincial de Políticas Públicas contra la Violencia para integrarla.

Con respecto a la comisión bicameral, también deberá elaborar y monitorear leyes tendientes a mejorar los efectos de la Ley nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. La abogada adelantó que se analiza instrumentar una reforma general del código de procedimientos en materia penal y en ese marco ampliar el artículo 77, referido al particular damnificado. De ese modo ‘las organizaciones con personería jurídica estarán habilitadas para presentarse en procesos penales contra la trata de personas’, agregó.

La diputada provincial de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin Moro también impulsa una ampliación de un ítem del código procesal penal, pero para establecer que ‘la condición de víctima, a los fines de su asistencia, se va a configurar sin tenerse en cuenta la prestación o no de consentimiento’, un tema que estuvo en el centro de la polémica cuando el Congreso Nacional aprobó la ley nacional sobre la trata de personas que obliga a las víctimas mayores de 18 años a demostrar que fueron tratadas y esclavizadas. Esta reforma se aplicará cuando se sancione el proyecto de ley que presentó Etchecoin Moro y que propone crear la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de ese delito.

Convenio de cooperación

El gobierno bonaerense es otras de las instituciones con iniciativas para erradicar la trata de personas de la provincia de Buenos Aires. El 18 de abril firmó un convenio de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Comenzará a instrumentarse después de julio y durará dos años, según informó Gabriela Fernández, coordinadora del programa Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en Argentina (FOINTRA), de ese organismo.

-¿Que estableció el convenio?

-Tres ejes de trabajos. El primero incluye el Programa de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas desarrollado por OIM, que incorpora la perspectiva de género y capacitaciones a equipos técnicos provinciales y municipales para el abordaje de esta problemática. El segundo eje tiene que ver con la implementación en todo el territorio de la provincia de la campaña de información pública No a la trata de personas, no a la esclavitud moderna, en la que colaboró la actriz Natalia Oreiro. El último eje incluye actividades de intervención y sensibilización de poblaciones potencialmente vulnerables a la trata de personas, más que nada grupos migrantes en villas miseria.

-¿Por qué se eligió a OIM?

-La trata de personas es una de las áreas de acción de OIM desde la década del ‘90, en especial a partir de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En Argentina se comenzó a trabajar este tema en 2002, a través del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata. En 2005 comenzamos con el programa FOINTRA, desde el cual brindamos capacitaciones a jurisdicciones de todo el país. Se trabaja en sensibilizar no sólo a los funcionarios gubernamentales, sino también a la sociedad civil. OIM es un organismo de cooperación y comparte sus conocimientos con las áreas gubernamentales que lo solicitan, en ese marco el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó la firma del convenio y la misma se materializó después de la aprobación de la ley nacional contra la trata de personas.

En la región bonaerense ese crimen afecta a cientos de víctimas, la mayoría es forzada a ejercer la prostitución, pero en los últimos años ha crecido la explotación laboral, según el Estudio Exploratorio sobre Trata de Personas en Argentina y otros países, realizado por OIM en 2006. Buenos Aires es sobre todo el lugar de destino para víctimas de trata reclutadas en el interior del país y también en países limítrofes como Paraguay y Bolivia. En los últimos dos años aparecieron en la región reclutadores que llevan a las mujeres esclavizadas a España. Se observa además que los regentes de prostíbulos reclutan mujeres personalmente, a través de sus empleados o utilizando a las víctimas explotadas sexualmente en sus locales. Inclusive se identificaron reclutadores comisionistas, que captan mujeres en los lugares de reclutamiento y luego las envían solas o viajan con ellas a los prostíbulos bonaerenses.

Soho: La explotación enmascarada
Por: Oscar Taffetani (APE)
Fecha publicación: 23/05/2008

‘Soho!’ era el grito de caza con el que se lanzaban a un tiempo caballos y perros, en la Inglaterra del Medioevo. Después, Soho pasó a identificar a una barriada del gran Londres, al norte de Picadilly Street. Al principio, fue un barrio de prostitutas y negocios de sexo, de distinta índole. Luego, se convirtió en una zona residencial de edificios reciclados, habitados por artistas y profesionales.

El Soho de Nueva York, más reciente, también está poblado por artistas y profesionales. Para resignificar la palabra, las inmobiliarias inventaron la sigla SOHO (Small Office Home Office) y comercializaron locales que eran a la vez vivienda y oficina.

Ahora ya hay otros Sohos, en el mundo. En Birmingham. En Hong Kong. Y hasta en un sector del viejo Palermo, Buenos Aires. Por eso algunos empresarios vieron la oportunidad de registrar con el nombre ‘Soho’ una marca de ropa, para consumo de las elites de la Reina del Plata.

Claro que la trastienda de la ropa ‘Soho’ -como la de 85 marcas ‘de primera línea’ que se comercializan en Buenos Aires- es un taller oscuro, alejado de la luz y de las vidrieras, en donde hombres y mujeres esclavizados, atados con cuerdas invisibles a las mesas de corte y las máquinas de coser, producen por paga vil esas prendas que luego se exhiben con elegancia en las vidrieras.

Debido al fetichismo de la mercancía (el concepto es de Marx), nadie piensa, al probarse una prenda Soho, que está contribuyendo al sostenimiento de la esclavitud en el mundo.

Y nadie piensa que al comprar ropa de esas afamadas marcas argentinas que han ‘tercerizado’ la producción, está contribuyendo a que los Objetivos del Milenio fijados por la ONU se conviertan en moneda sin valor.

A la medida de la injusticia

Se ha publicado en los diarios, por estos días, que el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a tres directivos de la empresa de indumentaria Soho, ‘acusados de contratar talleres de costura donde se empleaban inmigrantes indocumentados, en condiciones de máxima precarización laboral’.

‘Los argumentos de Oyarbide -leemos en una de las crónicas- fueron que ese modo de explotación sería herencia de costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros, y que se trata de un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa, originaria de aquella región…’

Desde la época de los nazis y del Ku Klux Klan que no se escucha una argumentación tan cínica para justificar una violación de los derechos humanos.

Los nazis decían que los judíos del ghetto de Varsovia en realidad querían vivir así. Y los racistas norteamericanos decían que los negros tenían necesidades ‘distintas’, ligadas con su pasado tribal…

Ahora este juez argentino, Oyarbide, descubre el ayllu incaico y con una ligereza tremenda, adoptando un aire antropológico, concluye que los niños bolivianos y sus padres y sus madres, traídos con la zanahoria del cuentapropismo y la prosperidad y encerrados en verdaderos calabozos productivos, donde no se respetan los mínimos derechos laborales, son seres de otra cultura, y que deben ser respetados como tales.

A esa hipocresía, si las instituciones argentinas funcionaran, debería haberle respondido inmediatamente el Consejo de la Magistratura, un organismo creado, justamente, para corregir las distorsiones y evaluar la conducta de los funcionarios.

De modo que los trabajadores de la cooperativa La Alameda, esos obreros textiles inmigrantes e indocumentados, que cortan y cosen la ropa de las ‘primeras marcas’ del mercado argentino, no tienen derechos. Y cuando por fin deciden apelar a la Justicia, descubren que ella (lo mismo que las camisas que cosen) ha sido hecha a la medida de los explotadores.

Más paradojas, y van…

Transcribimos pasajes de una nota publicada en Diario 7 y en La Política On Line:

‘El 9 de mayo de 2006, Oyarbide fue convocado a efectuar su descargo ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que investiga una posible extorsión a Luciano Garbellano, ex gerenciador del boliche nocturno Spartacus (…) En 1998, Oyarbide protagonizó un escándalo originado en una oscura relación con el joven Garbellano y la supuesta protección a una red de prostíbulos porteños (…) En los tribunales, el escándalo estalló a través de acusaciones cruzadas: Zinadinne Rachem, mozo de un restaurante, quien denunció que Oyarbide lo amenazó de muerte para impedir la circulación de un video con escenas íntimas en Spartacus… ‘

Curiosamente, el establecimiento nocturno en donde se grabaron videos de los clientes, presumiblemente con fines extorsivos, se llama ‘Spartacus’.

Si hay un nombre grabado a fuego, en la milenaria lucha de los pueblos contra la esclavitud, ése es Spartacus (o Espartaco). Así se llamó uno de los primeros periódicos libertarios de la región argentina. Así también se llamó un núcleo de artistas revolucionarios (entre ellos, el querido Ricardo Carpani) en la década del ‘60.

Qué triste paradoja que hoy el nombre Spartacus esté en el centro de una oscura trama de corrupción y explotación en la Argentina del siglo XXI, en donde lo único claro e imposible de distorsionar es que hay trabajadores inmigrantes indocumentados, varones y mujeres que están sufriendo no sólo la explotación enmascarada de los capitalistas de la ropa y el vestido, sino la violación sistemática de sus derechos humanos.

http://www.argenpre ss.info:80/ nota.asp? num=055390&Parte=0