MUJERES CONTRA LA TRATA

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Menores, en una ruta crítica de trata sexual

Tomada de la edición impresa del 18 de mayo del 2008 
 
 El Telégrafo

Las menores de edad son explotadas sexualmente en espacios de tolerancia que cuentan con permisos de funcionamiento otorgados por las autoridades.

Análisis

Verónica Supliguicha

Coordinadora del plan contra la trata en Fund. Nuestros Jóvenes

La nueva integración es difícil

La reinserción de una víctima de explotación sexual es la etapa más difícil que puede enfrentar el menor.

Aunque desde las fundaciones hemos hecho un avance a partir de que se tipificó el delito en el 2005, lo cierto es que aún es complicado lograr la reinserción integral porque es la última etapa de toda una ayuda médica, legal y sicológica.

Esto no se logra apenas se ubica al menor, primero esa niña o adolescente tiene que estar consciente de que era una víctima y que quien la obligó a ejercer esa actividad, ya sea su supuesta pareja que la indujo a través de engaños o hasta su propia familia, no tenía derecho de decidir sobre su cuerpo. Esa recuperación emocional es difícil.

Y si ella huyó de su casa, sus padres deben estar preparados para aceptarla, no maltratarla y tener los recursos suficientes para que la menor no vuelva a sentir que requiere de dinero a través de la prostitución.

Así paso a paso se va logrando una reinserción social, familiar y educativa.

Ahora, también es importante recalcar la apertura que en este rato existe por parte del Gobierno, sobre todo, en el Ministerio de Justicia donde se han preocupado por nuestros avances.

Pero lo cierto es que hay mucho por hacer y hay que unir esfuerzos gubermanentales y particulares para acabar con la trata.

La explotación de niños y adolescentes sigue un trayecto que aún no se logra detener en Ecuador.

Antecedentes

 El primer congreso mundial sobre explotación sexual a menores fue en 1996 en Estocolmo. Ecuador participó e hizo el compromiso de trabajar en el tema.
 
Para el 2000, la OIT le pide al país un informe sobre sus medidas adoptadas como Estado. Este no pudo responder, así es que lo hicieron las ONG.
En el 2002 se realizó el primer levantamiento de datos sobre la explotación a menores con financiamiento de la OIT.
En el 2005 el Código Penal estableció que quien induzca a la explotación será recluido de 6 a 9 años.

 


Sección Diversidad

 
En Ecuador al menos 5.214 niñas y adolescentes han  conocido parte del país siguiendo una ruta similar. De su lugar de origen van hasta la provincia de El Oro pasan a Guayas, luego a Manabí, siguen a Santo Domingo de los Tsáchilas, continúan hasta Pichincha, después a Napo hasta llegar a Sucumbíos.

Ya desde ahí, su viaje puede convertirse incluso en internacional porque pasan a Colombia. O si “prefieren”, pueden empezar su travesía por Sucumbíos, seguir la ruta antes descrita y finalizarla en Loja, para después pasar a Perú.

“Con esa excursión el ‘marido’ que las sedujo cumple su promesa de sacarlas de su casa para darles a conocer otra vida”, dice Silvana Espinoza, coordinadora de la Fundación Quimera, en la que hay menores víctimas y en riesgo de explotación sexual en El Oro, donde se estudia el camino que usan los tratantes.

Así ella conoce cómo las niñas y adolescentes que siguen la “ruta crítica de la trata”, como denomina al periplo que efectúan, ya tienen una nueva forma de subsistencia: la prostitución a las que son sometidas por sus parejas.

Pero el tema ya ha llegado a tal nivel de acuerdo con el último informe emitido en abril de este año por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), uno de los asuntos críticos que no se combaten debidamente en el país es la trata y explotación sexual de menores.

El documento maneja esa cifra: 5.214 niñas y adolescentes son explotadas a nivel nacional por comercio y turismo sexual. Y señala que el problema se “relaciona con la prostitución de adultos porque se realiza en las mismas condiciones y espacios, que funcionan con autorización”.

Para Mariana Sandoval, directora de la Fundación Esperanza y consultora de investigaciones nacionales sobre trata y explotación sexual, si bien la Cladem identifica oportunamente el hecho como “crítico”, su informe no recalca que la cifra está crece.

“Allí se contabiliza a las niñas y adolescentes que, precisamente, solo trabajan en esos espacios legales. Pero la explotación que se efectúa en las calles aún no se estudia y eso aumentará unos cientos o miles de niños más”, asegura.

A eso debe agregársele los que son explotados a través de la pornografía. Por ejemplo, según un estudio que efectuó, en 2007 en Napo, al 33% de las adolescentes se les propone posar desnudas con este fin. Las ofertas van desde los US$ 20 hasta los US$ 1.000.

Ya a nivel nacional y en el ámbito directo de la prostitución la situación es más crítica. Según una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las chicas pueden ser explotadas por US$ 300 a US$ 2.000 mensuales. Y el proxeneta obliga a las explotadas a ofrecer sus servicios en un promedio diario de 5 a 16 veces al 63%, de 17 a 55 al 14,2% y de 1 a 4 ocasiones al 22,7%.

Además, afirma que la ruta crítica toma mayor repunte en Machala, Guayaquil, Quito, Tena y Lago Agrio por ser centros económicos, turísticos o limítrofes. “Allí reclutan niñas y aún no se establece a cuántos menores preparan para explotarlas”, agrega Sandoval.

Con esta visión coincide la funcionaria de Quimera, quien ahora trabaja con 10 niñas que han sido obligadas a laborar como prostitutas y 109 menores que estuvieron en riesgo de caer en lo mismo.

Para Espinoza, lo que permite que continúe estable la ruta crítica de la trata es la expansión de la industria sexual de forma autorizada. “Hay cabarets y clubs – señala – que funcionan legalmente con adultos, pero en su parte trasera tienen a menores para ofertarlas como mercancía”.

Su información no dista de la que posee la OIT. Ahí se indica que en Ecuador las menores involucradas en el comercio sexual trabajan: un 70% en locales autorizados, 25% en las calles y el 5% en cuartos ubicados en barrios de tolerancia.

Y aunque los datos son públicos, las fundaciones coinciden en señalar que desde los ámbitos gubernamental y policial invisibilizan el problema.
 
Elena Posada, trabaja en la erradicación de la trata sexual de menores en Lago Agrio, y según confirma con su trabajo diario “las chicas no quieren denunciar su situación porque reconocen a los policías como sus ‘clientes’ más violentos”.

Por eso ahí, donde han identificado a 200 chicas en estado de explotación, empezaron a sensibilizar a las autoridades y a la comunidad para que no soliciten a las niñas para su satisfacción personal.

Aun así, para ella hace falta destinar recursos a un plan que penalice el delito y reinserte a la joven en la sociedad.

Y en efecto, algunos planes para erradicar este mal carecen de ayuda económica. Así lo confirma el departamento de Protección de la Dirección de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (Daina) que depende del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). “Teníamos un proyecto, pero no fue dotado de dinero y se lo abandonó. Ahora solo impulsamos la formación de una red interinstitucional”, indica Katiuska Borja, quien formó parte del desaparecido equipo de la Daina para evitar la explotación sexual.

En cambio, en la Dirección de la Juventud, también del MIES, solo se trabaja en prevención. “Aquí se concientiza a las jóvenes, con charlas, para que no accedan a la trata. Pero solo en la urbe, no en el área rural”, afirma Rosa Cevallos, asesora de la entidad.

Sin embargo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia cuenta con un millón de euros, otorgado por entidades españolas, para en 4 años erradicar la trata. También el Innfa tiene US$ 250.000 para proyectos en El Oro, Pichincha y Sucumbíos.

Igual Lorena Chávez, directora de Protección Integral del Innfa, reconoce que es casi imposible tener una línea clara de trabajo sobre la explotación sexual de niños, ya que es un delito que se esconde. “La gente sabe que hay adolescentes en burdeles, pero no lo dice porque la trata es manejada por mafias consolidadas”.

En efecto, para Elena Posada que trabaja en Lago Agrio, mientras la sociedad no denuncie y las autoridades desconozcan de la tipificación del delito “la cadenita del viaje de las menores será imposible de romper”. (MLM)

 

 

Lo que dice la Ley

•El Código de la Niñez y Adolescencia multa con US$ 50 a US$ 300 a los padres y protectores del menor, si ellos los inducen a la prostitución. Además, multa hasta con mil dólares a quienes se beneficien de la explotación.

•En el Código Penal se indica que si la víctima es menor de 14 años, la pena para el explotador será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. Y en caso de reincidencia, hasta 25 años.

•En el caso de la pornografía infantil se señala que quien ofrezca imágenes o cualquier tipo de material con escenas pornográficas en las que participen menores de 18 años, será reprimido con pena de 9 años y se lo inhabilitará de su empleo, profesión u oficio.

•El capítulo dos del Código Penal establece que quien contrate actividades turísticas, conociendo que implican servicios de naturaleza sexual con menores de 18 años, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

•El artículo 72 del Código de la Niñez indica que quien conozca de una situación de explotación a menores, deberá denunciarla en las 24 horas siguientes.

 

Mariuxi León
mleon@telegrafo.com.ec
Editora – Diversidad

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